Ciudad de México. 20 de febrero de 2026
Por Ignacio Loera
Este artículo funge como una versión revisada y modificada de mi ponencia de ingreso a la Academia Nacional de Historia y Geografía. Los cambios realizados buscan hacer de esta publicación un texto más digerible para el lector y presentar, como se hizo durante la ponencia, la siguiente premisa:
La conservación ambiental es una práctica inseparable de las condiciones históricas y geográficas del territorio donde se ejerce.
Es indispensable partir del hecho de que la conservación tiene lugar en territorios concretos, con historias específicas, memorias sociales acumuladas y, en muchos casos, con contextos persistentes de violencia e inseguridad que condicionan profundamente la manera en que el territorio puede ser habitado, estudiado y defendido.
Desde una perspectiva geográfica, el territorio no es únicamente una superficie física o un conglomerado de sistemas ecológicos. Es un espacio socialmente construido, atravesado por relaciones de poder, disputas históricas y procesos que inciden directamente en la relación entre las comunidades y los ecosistemas. En este sentido, la violencia y la inseguridad actúan como fuerzas territoriales que reorganizan el espacio, delimitan accesos y redefinen lo que es posible conocer y conservar.
A continuación, propongo una aproximación a estos procesos desde el trabajo de campo, como una forma legítima de producción de conocimiento territorial. A través de tres experiencias se analizará cómo los contextos de inseguridad afectan la conservación ambiental y cómo estas dinámicas dejan huellas históricas en los paisajes.
El primer caso se sitúa en la costa del Pacífico mexicano, en Oaxaca, durante la documentación plasmada en el corto documental Return: Salvando a las Tortugas, autoría de un servidor. Aquí se presenta el proceso comunitario de conservación de las tortugas marinas, específicamente de aquellas cuyas temporadas de anidación se llevan a cabo en las costas de Oaxaca. La tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), prieta (Chelonia mydas), laúd (Dermochelys coriacea) y carey (Eretmochelys imbricata).
Las regiones costeras que rodean el poblado de Bajos de Chila en Oaxaca se tratan de territorios de alta relevancia ecológica, donde la protección de las playas de anidación requiere patrullajes nocturnos, monitoreo constante, estudios científicos y una presencia sostenida en el espacio costero.
Durante este trabajo fue evidente que la conservación no se desarrolla en un entorno neutral. Existen áreas que no pueden recorrerse libremente debido a contextos de inseguridad, cacería furtiva, presencia de saqueadores de huevos de tortuga, o por el acaparamiento por parte de la industria inmobiliaria y hotelera de los espacios públicos costeros. Las decisiones sobre dónde y cuándo patrullar no responden únicamente a criterios biológicos o metodológicos, sino también a criterios de riesgo. En consecuencia, algunas zonas de alto valor ecológico quedan fuera del alcance del monitoreo y la protección.
El efecto estructural de este contexto es una conservación fragmentaria. Se protege donde se puede, no siempre donde se debería. El territorio comienza a producir silencios ecológicos: zonas sin datos, sin vigilancia y sin registro histórico, no por falta de interés científico, sino por condiciones de inseguridad y de una cultura de extracción mal regulada.
En aquel viaje de monitoreo aviar a los bosques nublados colombianos, los guías locales no solo me ilustraron con su conocimiento respecto a las especies y los ecosistemas de su región, sino también con la historia del territorio: rutas utilizadas por la antigua guerrilla, zonas donde existieron campamentos en la sierra y relatos familiares de padres y abuelos que presenciaron los horrores de la guerra. El paisaje, en ese contexto, funciona como un archivo de la violencia.
Los movimientos guerrilleros surgieron en Colombia alrededor de los años sesenta; sin embargo, en el caso de Farallones de Cali, lugar donde se desarrolló parte de mi monitoreo, la presencia de actores guerrilleros se inscribe en la historia a finales de la década de 1990 y comienzos de los años 2000. Durante ese periodo, frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional utilizaron esta zona montañosa como espacio de tránsito, retaguardia y refugio, aprovechando su topografía abrupta y cobertura boscosa. Los Farallones, una región de alta riqueza natural, también fueron un territorio estratégicamente incorporado a la geografía del conflicto armado, dejando huellas persistentes en el acceso, el uso del espacio y la memoria de las comunidades locales.
Durante mi travesía, recorrí senderos escondidos, muchos de ellos desconocidos, y cuyas locaciones eran únicamente conocidas por los hijos y nietos de aquellos a los cuales la guerrilla colombiana obligaba a transportar, durante largas jornadas, alimentos, víveres y armamento hasta los campamentos en la profundidad de los bosques nublados a más de 2,850 metros sobre el nivel del mar.
Desde una perspectiva histórico-geográfica, esto revela que el acceso al territorio está condicionado por la memoria del conflicto y la historia. Existen áreas con un enorme potencial ecológico que permanecen poco estudiadas no por razones biológicas, sino por restricciones de acceso asociadas a su pasado armado. La violencia, aun cuando ha disminuido formalmente, continúa organizando el espacio en el que la ciencia se desenvuelve.
El tercer caso se sitúa en Tabasco. A mediados de 2023 me enlisté a una certificación de anillamiento científico de aves en los humedales tabasqueños circundantes a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Durante un mes, a la par de biólogos y expertos, pasábamos la mayor parte de nuestro día entre las zonas anegadas y la densa vegetación. El anillamiento científico de aves es una práctica fundamental para el estudio de la migración, la salud y las dinámicas poblacionales de la fauna aviar. El anillamiento requiere continuidad temporal, repetición de sitios a través de los años y condiciones mínimas de seguridad para el personal involucrado.
Poco después de terminar mi certificación, estalló un conflicto en Villahermosa derivado de la actividad del crimen organizado en la región. Desde entonces el aumento de la inseguridad ha dificultado la realización constante de este tipo de trabajos. Esto no solo representa un riesgo al tejido social, sino una afectación directa a la producción de conocimiento científico. La interrupción de monitoreos y la pérdida de series de datos generan vacíos que afectan la comprensión de los procesos biológicos y de los efectos antropogénicos en la biodiversidad aviar.
Queda claro que no solo en el estado antes mencionado, sino en todo el territorio nacional, la ocupación territorial del crimen redefine los alcances de la ciencia y sus resultados en materia de conservación, ejemplos hay muchos: las colonias de hibernación de la Mariposa Monarca en los bosques michoacanos, los laboratorios de sustancias narcóticas cuyos desechos tóxicos son vertidos en ríos y mantos acuíferos, o la acelerada deforestación, en donde selvas, bosques y florestas son reemplazados por plantíos de origen ilegal.
Uno de los casos más recientes se sitúa a pocos kilómetros de las instalaciones de la Academia en la Ciudad de México, en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, decretado como tal en 1935. Aquí, la lucha contra la tala ilegal cobró en 2024 la vida de cuatro guardabosques, quienes fueron privados de la vida por taladores ilegales.
Los tres casos presentados, aunque diferentes entre sí, muestran un patrón común: cuando el crimen ocupa el territorio, la conservación ambiental se debilita no solo en su dimensión práctica, sino también en su dimensión histórica. Se pierde acceso, se pierde conocimiento y se pierde la posibilidad de comprender, defender y documentar la diversidad biológica y sus cambios a través del tiempo.
Para la historia y la geografía, este fenómeno plantea un reto central. No basta con estudiar ecosistemas o conflictos por separado. Es necesario comprender cómo la violencia actúa como una fuerza que reorganiza el espacio, silencia a investigadores y condiciona la relación entre sociedad y naturaleza.
Conservar en territorios disputados no es únicamente una tarea ambiental. Es también un problema histórico, social y geográfico de primer orden. Reconocerlo es un paso necesario para comprender no solo el pasado del territorio, sino las limitaciones reales del presente y los desafíos futuros.
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